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En defensa de la democracia ciudadana y de los derechos sociales: No al “Pacto por el Euro”

En la reunión del Consejo Europeo celebrado los días 24 y 25 de marzo en Bruselas que preside Herman Van Rompuy y del cual forman parte los Jefes de estado o presidentes de gobierno de los estados miembros de la UE se aprobó en sus conclusiones el llamado “Pacto por el euro plus. Refuerzo de la coordinación de la política económica a favor de la competitividad y la convergencia”. Se puede consultar en la siguiente dirección de la web del consejo europeo:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/120310.pdf

El cumplimiento de los compromisos del Pacto será supervisado anualmente por los jefes de estado o de gobierno, basándose en un informe elaborado por la Comisión Europea.

Entre los objetivos para el impulso de la competitividad  se evaluará si los salarios evolucionan de acuerdo a la productividad. Para garantizar este objetivo se establecen medidas como la revisión de los acuerdos de fijación de salario, nivel de centralización de la negociación  y mecanismos de indexación de los salarios. Se exige garantizar que la fijación de los salarios en el sector público contribuya al esfuerzo de competitividad en el sector privado (en otras palabras que se moderarán, congelarán o recortarán los salarios del sector público para ejemplo y referencia en el privado).

Con la excusa de impulsar el empleo se plantea emprender reformas del mercado laboral para fomentar la “flexiseguridad”, reducir el trabajo no declarado y aumentar la tasa de actividad…Se establece “reducir la presión impositiva sobre las rentas del trabajo” manteniendo los ingresos fiscales globales (es decir, ceder a la vieja aspiración de la patronal de reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, que es salario indirecto,  y proseguir con los incrementos del IVA…)

Incrementar la “sostenibilidad de las finanzas públicas” vinculando mediante indicadores los niveles de deuda “sostenible” con las políticas y gasto en pensiones, sistema atención sanitaria y prestaciones sociales (aquí entra todo, gastos en educación, prestaciones desempleo, prestaciones sociales de todo tipo…).

Es decir, si el indicador establece que la deuda soberana o la deuda global pública-privada supera un determinado límite, los gobiernos deberán corregirla mediante la reducción de los gastos sociales, en pensiones, gastos de salud, educación, etc. En ningún caso se establece garantizar la sostenibilidad de la deuda a través del recorte del gasto militar, o introduciendo mecanismos de ingresos a través de políticas fiscales progresistas. El recetario neoliberal se refuerza con especial saña para aquellos países con mayor deuda, déficit, y en consecuencia más expuestos a la crisis y la presión especulativa.

Para atar más la aplicación de estas directrices se establece que los Estados miembros deben traducir en la legislación nacional, de manera vinculante, sólida y duradera,  las normas presupuestarias de la UE establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Aunque se deja a cada país elegir la fórmula exacta sobre este mecanismo de disciplina la Comisión se asegurará que es compatible con la normativa de la UE y puede apoyarse.

Salvo la alusión genérica a que se “prestará atención” a la coordinación de la política tributaria y al desarrollo de una base tributaria común del impuesto sobre sociedades  (conociéndoles tratarán de unificar a la baja tal impuesto), no existe ninguna medida para avanzar hacia un Estado europeo  digno de tal nombre, es decir un presupuesto  con capacidad de redistribuir la riqueza y compensar la desigual económica entre estados, una Hacienda o tesoro a la altura de las necesidades capaz de establecer una política de financiación de la economía europea mediante los llamados eurobonos, y un Parlamento europeo con pleno poder legislativo y control real de la acción de gobierno europeo, etc. Ninguna mención a los objetivos de una fiscalidad común progresista, garantizar un salario mínimo  en base a la media de la UE-15,  una política común de bienestar social con tendencia al alza,  las 32 horas semanales  para repartir el trabajo y reducir el desempleo, etc.

Las consecuencias del  “pacto por el euro plus” sobre las economías europeas, …

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