Month: November 2019

Ahora, más que nunca, se necesitan políticas de pleno empleo

En un momento en que el desempleo es la mayor característica de los mercados laborales de la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte, es sorprendente (aunque predecible) que nadie hable de la necesidad de desarrollar políticas de pleno empleo. Parece como si la crisis económica y financiera hubiera eliminado completamente cualquier inquietud sobre la necesidad de que el Estado (que incluye tanto el central como el autonómico y el municipal) intervenga en la economía para producir ocupación y alcanzar el pleno empleo. Nadie habla, ni en los círculos financieros y económicos ni en los mayores fórums mediáticos y políticos del país, de la necesidad de políticas que produzcan pleno empleo. De lo que sí se habla, en cambio, es de facilitar la destrucción de empleo a partir de reformas laborales que permiten mayor flexibilidad laboral y facilitan el despido. De esta manera, el Estado está aprobando leyes que facilitan tal despido, a la vez que está destruyendo empleo público (en teoría para reducir el gasto público y con ello reducir el déficit público).

Esta situación, repito de nuevo, es predecible. Aclaro esto porque en los debates de política económica se habla con excesiva frecuencia de que los resultados de la aplicación de tales políticas públicas, que están logrando resultados opuestos a lo que en teoría persiguen (todas las reformas laborales realizadas durante la crisis se presentaron retóricamente como necesarias para disminuir el desempleo), se deben a la incompetencia de las autoridades públicas o a su insuficiencia, argumento este último repetido por los economistas neoliberales que dominan los medios de mayor difusión en España, que proponen reformas y recortes todavía más radicales.

No es incompetencia (sin negar que ella también exista), sino diseño. Estas políticas estaban destinadas a incrementar el desempleo, en parte para forzar el descenso del salario. Y así lo han estado consiguiendo. Lo último que tales autoridades públicas desean es crear empleo y todavía menos alcanzar pleno empleo. Uno de los economistas más brillantes que hubo en el siglo XX, Michal Kalecki, lo escribió muy claro en un libro que significativamente lleva el título de ‘Aspectos Políticos del Pleno Empleo’. Fue de los pocos economistas que analizó las políticas económicas dentro del contexto político que las determinan. La ausencia de este tipo de análisis explica que hoy se centre el debate en Europa sobre la viabilidad del euro, asumiendo que el euro puede desaparecer por propia lógica económica, sin percatarse de que la creación, existencia y mantenimiento de tal moneda respondieron a las coordenadas de poder existentes en Europa y, muy en especial, al capital financiero alemán, para el cual el euro le está siendo sumamente beneficioso, utilizando sus instrumentos, como el Banco Central Europeo, para alcanzar sus objetivos (ver mi artículo “El euro no tiene problemas, las clases populares sí”. Público 24.08.12). Y uno de sus objetivos ha sido controlar la inflación, a costa del crecimiento de desempleo. El elevado desempleo existe porque así ha estado diseñado en un proyecto altamente exitoso pues están consiguiendo lo que querían.

Y el hecho de que no se hable de políticas de pleno empleo en los mayores círculos mediáticos del país (y por lo tanto tampoco en los mayores fórums políticos) se debe precisamente al enorme poder que el capital financiero (la Banca, las compañías de seguros y las empresas financieras de alto riesgo, entre otras, definidas y analizadas por Juan Torres y por mí en nuestro libro “Los Amos del Mundo” de próxima publicación) tiene sobre las instituciones llamadas representativas. El control de la inflación a través de las políticas de austeridad, incluyendo reducción de salarios y gasto público, creación de desempleo (disminuyendo así la demanda y el crecimiento económico) es el objetivo del proyecto neoliberal presentado como el único posible. De ahí que el desempleo aumentara y el crecimiento de la economía productiva disminuyera en el promedio de los países de la …

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En defensa de la democracia ciudadana y de los derechos sociales: No al “Pacto por el Euro”

En la reunión del Consejo Europeo celebrado los días 24 y 25 de marzo en Bruselas que preside Herman Van Rompuy y del cual forman parte los Jefes de estado o presidentes de gobierno de los estados miembros de la UE se aprobó en sus conclusiones el llamado “Pacto por el euro plus. Refuerzo de la coordinación de la política económica a favor de la competitividad y la convergencia”. Se puede consultar en la siguiente dirección de la web del consejo europeo:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/120310.pdf

El cumplimiento de los compromisos del Pacto será supervisado anualmente por los jefes de estado o de gobierno, basándose en un informe elaborado por la Comisión Europea.

Entre los objetivos para el impulso de la competitividad  se evaluará si los salarios evolucionan de acuerdo a la productividad. Para garantizar este objetivo se establecen medidas como la revisión de los acuerdos de fijación de salario, nivel de centralización de la negociación  y mecanismos de indexación de los salarios. Se exige garantizar que la fijación de los salarios en el sector público contribuya al esfuerzo de competitividad en el sector privado (en otras palabras que se moderarán, congelarán o recortarán los salarios del sector público para ejemplo y referencia en el privado).

Con la excusa de impulsar el empleo se plantea emprender reformas del mercado laboral para fomentar la “flexiseguridad”, reducir el trabajo no declarado y aumentar la tasa de actividad…Se establece “reducir la presión impositiva sobre las rentas del trabajo” manteniendo los ingresos fiscales globales (es decir, ceder a la vieja aspiración de la patronal de reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, que es salario indirecto,  y proseguir con los incrementos del IVA…)

Incrementar la “sostenibilidad de las finanzas públicas” vinculando mediante indicadores los niveles de deuda “sostenible” con las políticas y gasto en pensiones, sistema atención sanitaria y prestaciones sociales (aquí entra todo, gastos en educación, prestaciones desempleo, prestaciones sociales de todo tipo…).

Es decir, si el indicador establece que la deuda soberana o la deuda global pública-privada supera un determinado límite, los gobiernos deberán corregirla mediante la reducción de los gastos sociales, en pensiones, gastos de salud, educación, etc. En ningún caso se establece garantizar la sostenibilidad de la deuda a través del recorte del gasto militar, o introduciendo mecanismos de ingresos a través de políticas fiscales progresistas. El recetario neoliberal se refuerza con especial saña para aquellos países con mayor deuda, déficit, y en consecuencia más expuestos a la crisis y la presión especulativa.

Para atar más la aplicación de estas directrices se establece que los Estados miembros deben traducir en la legislación nacional, de manera vinculante, sólida y duradera,  las normas presupuestarias de la UE establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Aunque se deja a cada país elegir la fórmula exacta sobre este mecanismo de disciplina la Comisión se asegurará que es compatible con la normativa de la UE y puede apoyarse.

Salvo la alusión genérica a que se “prestará atención” a la coordinación de la política tributaria y al desarrollo de una base tributaria común del impuesto sobre sociedades  (conociéndoles tratarán de unificar a la baja tal impuesto), no existe ninguna medida para avanzar hacia un Estado europeo  digno de tal nombre, es decir un presupuesto  con capacidad de redistribuir la riqueza y compensar la desigual económica entre estados, una Hacienda o tesoro a la altura de las necesidades capaz de establecer una política de financiación de la economía europea mediante los llamados eurobonos, y un Parlamento europeo con pleno poder legislativo y control real de la acción de gobierno europeo, etc. Ninguna mención a los objetivos de una fiscalidad común progresista, garantizar un salario mínimo  en base a la media de la UE-15,  una política común de bienestar social con tendencia al alza,  las 32 horas semanales  para repartir el trabajo y reducir el desempleo, etc.

Las consecuencias del  “pacto por el euro plus” sobre las …

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